Pornografía infantil en nuestra ciudad: hubo trabas para avanzar con el caso

Pornografía infantil en nuestra ciudad: hubo trabas para avanzar con el caso

Las primeras señales de alerta sobre el funcionamiento de una red internacional relacionada con la distribución de pornografía infantil, con alcance en Punta Alta, se habían dado hace más de 3 años, pero las dificultades que genera la investigación en este tipo de delitos demoró los operativos, que recién se registraron el martes.

   La explicación corresponde al juez de Garantías N° 2, doctor Guillermo Mércuri, quien autorizó el único allanamiento que tuvo lugar en nuestra zona: una vivienda ubicada en  Alberdi al 500.

   En ese domicilio, así como en otros 40 del resto del país, Gendarmería secuestró notebooks, celulares, material informático, DVD's y CD's y otros soportes digitales que serán de utilidad para el trabajo que realizan Policías de las Américas (Ameripol).

   Ameripol había emitido un centenar de alertas sobre estas maniobras en la Argentina. Si bien las primeras fueron a fines de 2015, los procedimientos se pudieron registrar recién ahora y en el caso de Punta Alta fue con autorización del juez Mércuri, a partir de un pedido de la fiscal Marina Lara.

   “Organizaciones como Missing Children detectan cuando alguien envía imágenes de pornografía infantil, pero eso no significa que las haya producido. Cuando comparte ese material, se produce un alerta y se da a aviso a Buenos Aires mediante un convenio de la Policía Federal con un juzgado o una fiscalía específicas”, explicó Mércuri.

   “Cada ciertos períodos ellos reportan la cantidad de alertas que recibieron. En este caso habían recibido alrededor de 100 alertas, de las cuales el juzgado se empieza a declarar incompetente en todas aquellas que no le corresponden por su jurisdicción, entonces mandó esta a Bahía Blanca”, agregó.

   “Como a veces estos reportes son viejos, porque por ejemplo esta alerta data de fines de 2015, hay que evaluar quién era el usuario en ese momento teniendo en cuenta que lo que se detecta es la IP de una computadora, con la que también hay que determinar quién prestaba el servicio (de Internet) en aquel entonces”, continuó magistrado.

El mismo abonado

   En el domicilio de Punta Alta, ubicado en un complejo de departamentos, se pudo determinar que se trataba del mismo abonado de servicio de 2015, con lo cual se pudo registrar el allanamiento.

   Si bien no se dieron a conocer las identidades de los ocupantes, se informó que allí viven un matrimonio y su hijo menor de edad.

   “Es probable que hayan ingresado en una página web (de pornografía infantil) y hayan compartido ese material mediante un enlace, entonces quizás cuando se hacen los allanamientos lamentablemente no se encuentra nada (de interés para la causa)”, explicó.

   “El problema hoy es que una persona está en un inmueble ajeno, se conecta a Internet después de que se le suministra la clave de wi-fi, visita una de estas páginas y en realidad el alerta va a indicar que el responsable es el propietario de ese domicilio”, aclaró.

   “Hay poca información sobre este delito; la gente cree que consumir pornografía, aun infantil, no es un delito. En definitiva (esa conducta) está en el límite porque hay consumidores que enlazan el material, o a veces uno recibe involuntariamente páginas web enlazadas con este tipo de contenido. Si esta persona abre ese link, podría estar en problemas”, completó el juez.

   Mércuri aludió a las dificultades del caso, porque las primeras alertas eran de 2015 pero el expediente se giró a Bahía -para tramitar el allanamiento en Punta Alta- recién en julio de 2018.

   “La remisión de alertas es un proceso muy lento. Todas las provincias, además del convenio federal que existe, deberían adherirse a un acuerdo mediante el cual las alertas se envíen de manera inmediata porque es la forma más segura de que se puedan secuestrar elementos de prueba en este tipo de causas”, finalizó.

   Los ocupantes del inmueble fueron identificados por Gendarmería, aunque no se dispuso ninguna medida en su contra porque el delito, por el tipo de pena en expectativa, no admite detención.

   De todas maneras se cree que en las próximas horas se concretarían nuevos allanamientos, tanto en nuestra ciudad como Punta Alta vinculados con el caso.

 Operativo transnacional

   Lo sucedido en Punta Alta, de acuerdo con la información aportada por una fuente de la región V de Gendarmería Nacional, se enmarca en un operativo “transnacional” encabezado por Ameripol, en nuestro país con asiento en Misiones.

   “Esto surgió a través de alertas de distribución y almacenamiento de material pornográfico infantil detectadas por un programa específico con el que trabaja este organismo. Se realizaron las tareas investigativas previas, que dieron lugar al allanamiento y secuestro del material”, dijo el vocero.

   La diligencia en la vecina ciudad estuvo a cargo de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Bahía Blanca, de Gendarmería Nacional, con apoyo del comando de región V.
 

“Puedo confirmar que en ese domicilio se encontró material pornográfico e, incluso, los estampados de los CD y DVD secuestrados hacen alusión a la misma pornografía que podrían contener. Todos esos elementos estaban ocultos en la vivienda; no eran de fácil acceso”, concluyó el gendarme.

   Personal de esta fuerza remitió el miércoles los elementos decomisados para someterlos a pericias por parte de la Policía Bonaerense o la Federal. 

Modificación de la ley

Tenencia. Desde 2018 en la Argentina no solo están penadas la distribución y comercialización de pornografía infantil, sino también la tenencia.

Penas. El artículo 128 del Código Penal establece que “será reprimido con prisión de 3 a 6 años el que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere, por cualquier medio, toda representación de un menor de 18 años dedicada a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, al igual que el que organizare espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en que participaren dichos menores”.

Posesión. Otro inciso del mismo artículo indica que “será reprimido con prisión de 4 meses a un año el que a sabiendas tuviere en su poder representaciones de las descriptas en el párrafo anterior”.

Fuente: La Nueva