“Cuántas veces les dije: es plata fácil, pero tenían que ser más vivos”
La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca confirmó el procesamiento, sin prisión preventiva, de una mujer policía acusada de encubrir, asesorar y proteger a un hermano y un sobrino en el comercio de drogas en Punta Alta.
La medida alcanzó a la sargento Marianela Soledad Frank (36), a quien imputan del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad comercio en calidad de partícipe secundaria.
Los camaristas Pablo Candisano Mera y Silvia Mónica Fariña ratificaron el fallo del juez de primera instancia, Walter López Da Silva y, a su vez, le trabaron a la policía un embargo sobre bienes y/o dinero de hasta 2,5 millones de pesos y le fijaron como reglas de conducta no poder salir del país sin autorización, fijar residencia y comunicar cualquier cambio de domicilio.
En la apelación ante la Cámara, los defensores particulares Ariel Zara y Juan Sebastián González habían pedido el sobreseimiento de la mujer al considerar "insuficiente y único elemento de cargo" una conversación telefónica que tuvo con su sobrino Pablo Ezequiel Frank, el 25 de octubre pasado, día del allanamiento que terminó con la detención de su hermano, Pablo Ernesto y de su cuñada, Ayelén Alejandra Morales.
Explicaron los abogados que los datos que la sargento aportó ya eran conocidos y que lo que ella sabía de la actividad de su hermano lo conocía por su parentesco y no por su función policial.
Los camaristas no fueron convencidos por esos argumentos y ratificaron el procesamiento de Marianela Frank.
Entendieron como importantes algunos pasajes de aquella conversación con su sobrino -luego detenido en la causa-, el mismo día que en la casa de su hermano, en La Plata 238 de Punta Alta, encontraran un ladrillo de más de 400 gramos de cocaína, entre otros elementos de prueba.
"Cuántas veces les dije: es plata fácil, pero tenían que ser más vivos", le recriminó la uniformada a su sobrino.
"Tía, sabés lo que pasa, sabés lo que pasa, que vos te pensás que nosotros no le decimos eso a papá, pero él es que no, tía. Le dije, pagamos un alquiler, pagamos uno aparte vámonos lo tenemos en otro lado Nato y él no quería tía", le respondió el sobrino.
Romper el chip
La sargento, además, le preguntó con qué abogado habían buscado asesoramiento, le remarcó que ella era "policía" y no le iban a dar mucha más información del operativo.
También le pidió a su sobrino que rompiera el chip del celular con el que se había comunicado y coordinó una nueva llamada desde otro teléfono.
La Cámara explicó que Frank, "en su carácter de sargento de la Policía", tiene "especial conocimiento de información calificada sobre las técnicas de investigación y persecución de delitos".
"De las transcripciones de los diálogos mantenidos se advierte la recomendación de la agente policial a su sobrino sobre los recaudos que deberían haber tenido, se advierte su enojo porque no siguieron su consejo. Especialmente el conocimiento de primera mano respecto al resultado del allanamiento que se llevó a cabo ese día –25/10/2023– el estupefaciente incautado, la positividad respecto del mismo.
En ese sentido, ella refirió en la charla "le encontraron todo, vos, la primera vez cuando se supo que fueron a lo de la abuela y era para él, vos cuando te llevaste todo, ustedes tendrían que haber dicho listo acá está, ya está".
Los jueces también destacaron "el asesoramiento" que la policía le brindó para alquilar otro domicilio donde realizar las maniobras delictivas.
Candisano Mera, con el apoyo de su colega Fariña, consideró que el procesamiento de la policía no presenta defectos de arbitrariedad por deficiente fundamentación, como alegaron los defensores.
"El grado de participación de la encausada resulta ser secundario –en el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio, agravado por su condición de funcionaria pública–, esto es así teniendo en cuenta que la imputada estaba al tanto de las maniobras desplegadas por su hermano y sobrino y participó al menos en la materialidad de tramos de sus conductas", dijeron los camaristas.
Si bien no detentó el dominio del comercio, prestó colaboración y asesoramiento para la comisión del delito, a partir de sus conocimientos por la labor en las fuerzas de seguridad.
Por último, descartaron la posibilidad de que la conducta haya configurado solo un abuso de autoridad, porque la acción no fue ejercida de manera arbitraria y dentro de la propia función.
En su caso omitió denunciar el delito que conoció y vulneró su servicio como funcionaria policial, al impedir la persecución de delitos especialmente graves, reprimidos por normativa local e internacional como es el narcotráfico.
Lo denunció otra mujer policía
Dos meses antes. La investigación que derivó en el allanamiento de fines de octubre en Punta Alta se originó en agosto de 2023 y fue por la denuncia de una oficial principal de la misma fuerza que integraba Frank.
Dato. Dijo la denunciante que hizo la presentación a partir del dato que dio a conocer una persona que no quiso dar su nombre por temor a represalias. Aseguró que en La Plata 238 vendían drogas.
Investigación. La fiscalía estableció que en la casa de Frank había "pasamanos" y una gran cantidad de "clientes". Intervinieron las líneas telefónicas.
Allanamiento. El operativo permitió el secuestro de 402 gramos de cocaína compactada (70.7% de pureza), una balanza de precisión, recortes de nylon, plantines de cannabis y semillas, pastillas varias y 1,2 millón de pesos en efectivo. Ese día fueron detenidos Pablo Ernesto Frank y Ayelén Morales. Meses después arrestaron a Pablo Ezequiel Frank
Competencia. Al determinar que la actividad excedería la venta al menudeo, la Justicia provincial giró las actuaciones a la Justicia Federal, que avanzó con la causa y procesó a todos los involucrados. Solo está detenido Pablo Ernesto Frank.
Fuente La Nueva
