El Concejo pide al Tribunal de Cuentas que revise el convenio del Municipio con empresa de fotomulta
Por mayoría, el Concejo Deliberante aprobó ayer un pedido de informes al intendente Rodrigo Aristimuño y su elevación al Tribunal de Cuentas provincial. Apuntan al intendente que primero hizo un decreto para anular el convenio existente y luego firmó otro decreto para dar de baja la anulación y reflotarlo. También cuestionaron si se trata de una medida con fines estrictamente recaudatorios. Esta tarde, desde el Municipio, dieron a conocer oficialmente cuáles serán las 7 esquinas donde habrá fotomultas.
En la sesión de ayer, realizada en Villa Arias, los bloques Bien Común, Potencia y la UCR (con acompañamiento de LLA y Juntos) lograron aprobar un pedido de informes al Ejecutivo municipal que incluye la elevación directa al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.
El conflicto administrativo detrás de la llegada de la cámara de empresas CECAITRA generó cortocircuitos en el recinto.
Al respecto, el concejal Daniel Medina explicó que “en junio de este año, con un decreto municipal —que es el 322—, el intendente, alegando razones de oportunidad, mérito y conveniencia, dispone la baja de este acuerdo que había hecho la gestión anterior, indicando a su vez que la empresa había incumplido y que nunca había actuado ni se había acercado al municipio en todo ese tiempo para avanzar en el cumplimiento del acuerdo”, detalló el edil.
“Durante la sesión, y mientras colocaban las cámaras. Nos enteramos que en el mes de agosto el municipio dio de baja el decreto que daba de baja el convenio, con lo cual volvió retroactivamente para atrás, dio una vuelta, y ahora consideraba que la empresa CECAITRA había cambiado de actitud y que estaba listo para proceder a realizar el acuerdo que se había firmado en 2023 e instalar las cámaras directamente sin ningún tipo de consulta o aclaración de los sitios”, explicó Medina.
¿Seguridad vial o fin recaudatorio?
Uno de los ejes que mayor fastidio genera en la comunidad, y que fue remarcado por la oposición, es la “falta de claridad sobre el verdadero trasfondo de los dispositivos: saber si responden a una política de seguridad vial o si se trata de una medida puramente recaudatoria”.
Ante la falta de respuestas del Ejecutivo a los pedidos de informes previos, la oposición decidió elevar los antecedentes al organismo provincial de control para que determine la validez de los actos municipales.
Asimismo, el expediente aprobado exige que el municipio rinda cuentas sobre los términos económicos y el destino específico que se le dará al dinero recaudado por las multas, interpelando al gobierno local sobre si los fondos serán volcados efectivamente a un plan de bacheo y arreglo de calles o si irán a rentas generales.
Fuente El Rosalenio
